Lo que me ha tocado profundamente la moral es un breve y colateral asunto sobre la Operación Pretoria. Resulta que un asesor del ayuntamiento de Valls ha dimitido porque aparecía en el sumario de Garzón. Hasta ahí podría parecer encomiable su actitud. Luego decían que había sido un cargo en Política Territorial (vamos, terrenos, urbanismo, ergo probable choriceo). Lo sorprendente llegaba al final: resulta que el tipo es un cargo de confianza nombrado por el alcalde (dedocráticamente, por tanto) y cobra 36.000 euros anuales por trabajar dos días a la semana. Supongo que eso es lo “normal” en Valls y en tantos otros ayuntamientos, diputaciones, organismos públicos.
Damas y caballeros, ese es el problema, todos los cargos nombrados a dedo, asesores, técnicos, altos cargos, amiguitos y amigotes, familiares varios, chupando de la teta pública. Enchufados que aportan poco y menos, pero que cobran como los que más. Mientras tanto, a los que sí trabajamos, a los currantes normales, nos fiscalizan el uso de la impresora, el papel o la fotocopiadora. Falta material, no hay dinero, dicen. Sin embargo, varias veces al año, se gastan más de 30.000 euros en aperitivos para jefazos. Qué decir de un clásico como los coches oficiales, por el que se pelean los cargos y los carguillos; obviamente, no es un asunto de simples funcionarios.Para qué seguir. Los ladrones, los malversadores, los defraudadores, los mentirosos, los aprovechados, presuntamente, claro, hasta que no sean condenados, suelen ser esos sujetos a los que se vota cada cuatro años y sus colaterales y adosados, no los funcionarios. Los administrativos, enfermeras, policías, ordenanzas, carteros, bomberos, bibliotecarios, etc., etc., no somos los que estamos robando y engañando a nuestros conciudadanos.
Dicho queda por si alguien todavía tenía dudas o se sigue dejando engañar por algunos demagogos de baja estofa.
(Banda sonora: You can't say no forever - Lacrosse)




